El miércoles 29 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado, anunciando que el juez que concedió el amparo ordenando la libertad del ya famoso "Porky" sería sometido a un procedimiento de responsabilidades, para determinar si su actuación fue con apego a la ley o no.
En lo personal, me parece una victoria parcial que el Consejo de la Judicatura haya tomado esa decisión. Es una victoria, ya que la indignación de la sociedad, expresada en la redes sociales y en diversos medios de comunicación, por fin tuvo un impacto en una decisión de un órgano de gobierno.
Sin embargo, la considero parcial porque hubo mucha manipulación por parte de algunos periódicos y noticieros respecto del tema, como en el caso del periódico Reforma, que escribió en una publicación de su página de Facebook que el juez fue suspendido por "notoria ineptitud", cuando en el comunicado oficial del Consejo de la Judicatura no se lee tal expresión ni por error.
Además, el debate en torno al presunto caso de corrupción, se ha vuelto a desviar hacia el tema del feminismo y el machismo, leyéndose por doquier comentarios en los que se cuestiona si el juez hubiera procedido de la misma manera si una mujer de su familia hubiera sido la víctima, con respuestas en el tenor de que el honor de una familia no sólo está en las mujeres y que habría que preguntar si el juez hubiera procedido igual si eso le hubiera pasado a él.
Señores, lo que en este caso está en juego no es si el juez actuó con empatía o si concedió el amparo porque es hombre. En primer lugar, ningún juez de amparo debe mostrar empatía, ya que su labor es únicamente decidir sobre la correcta aplicación de la ley y las presuntas violaciones de derechos humanos y garantías individuales. En segundo lugar, es realmente cansino que de todo tema hagan una cuestión de género, habiendo tantos otros argumentos para desvirtuar cualquier decisión del juez.
Sin embargo, lo que está en juego en este caso, a mi parecer, son los conceptos de justicia y legalidad, que dicho sea de paso, no necesariamente están vinculados. Y es que el juez de amparo, reitero, únicamente revisa la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones de otras autoridades, no aplica justicia como tal y mucho menos es su labor inclinarse hacia una u otra de las partes por ser miembro de una comunidad protegida, para eso existen las leyes que él debe aplicar y punto.
Lamentablemente en la sociedad mexicana los gritos de corrupción y machismo han llegado a ensordecer a una parte importante de los mexicanos, haciendo que sean incapaces de analizar cualquier situación fuera de esos contextos.
Sí, estoy consciente de que son muchas las violaciones y vejaciones de todo tipo que el género femenino ha sufrido durante siglos; sí, sé muy bien que la corrupción en este país es el motor del gobierno, pero no podemos seguir alimentando el amarillismo de los medios de comunicación, que como bien sabemos, son un negocio que se vende al mejor postor y no necesariamente informa, mucho menos con estricto apego a la verdad.
Por eso me parece muy importante distinguir los conceptos de justicia, de venganza, de legalidad, de deber y de opinión pública. Y es que la impartición de justicia, de forma muy genérica, tiene como fin restablecer el equilibrio que se ha perdido, mientras que la venganza únicamente busca infligir el mismo daño que se ha recibido.
En este sentido, tal parece que muchos grupos feministas -que no los promujer-, buscan más venganza que justicia. Lo he dicho mil veces y lo repito una vez más: no es necesario que todos los hombres paguen por las vejaciones vividas durante siglos, no es necesario atacar a los hombres para enaltecernos las mujeres. Y si bien estoy consciente de que en el caso del Porky se trata de un delito y grave, son precisamente estos escándalos los que empiezan a crear una forma de pensamiento que la sociedad va adoptando poco a poco.
Y aquí es donde es muy importante entender el concepto de legalidad y desligarlo del concepto de justicia, porque las leyes no siempre son justas y el equilibrio que busca la justicia, en casos como el de Daphne, jamás podrá ser alcanzado. ¿Cómo quitarle a esa chica la atrocidad de la que fue víctima, cómo quitarle el recuerdo? Lamentablemente, no hay nada que las leyes puedan hacer por ella en ese sentido, ya que por mucho que esos delincuentes vayan a la cárcel, nada le devolverá a Daphne esos minutos o esas horas de tortura que vivió a sus manos.
Sin embargo, las leyes tienen una finalidad, que tomándolas todas como un conjunto, puede decirse que buscan que los derechos de las personas sean respetados para que se pueda vivir y convivir de la mejor manera posible. Pero las leyes son hechas por los diputados y senadores, que no son más que simples humanos, y en el caso de México, en muchas ocasiones son evidentemente incultos.
Entonces, el deber de las autoridades judiciales es única y exclusivamente analizar situaciones que los particulares les presenten y aplicar las leyes que correspondan. No es el deber de las autoridades impartir justicia, eso es sólo una falacia que se escucha bien en los spots del gobierno y de los partidos políticos, al menos en el caso del sistema jurídico mexicano.
Así, gracias a la opinión pública, cuando un juez aplica la ley de una u otra manera, puede ser que haya sido justo o injusto, dependiendo de la percepción de las personas, cuando la realidad es que únicamente aplicó una ley que otros crearon. Si bien es cierto que los jueces pueden interpretar las leyes y así aplicarlas de una u otra manera, la realidad es que siempre están un tanto cuanto limitados por las leyes.
Ahora bien, también gracias a la opinión pública, el deber de las autoridades policiacas y judiciales, es el de encerrar en la cárcel a todas las personas que hayan sido acusadas de cometer un delito; tal parece que la eficiencia del sistema penal mexicano se basa en cuántas personas son enviadas a prisión. Y eso, mis queridos lectores, también puede traer el riesgo de que se cometan muchas injusticias.
La presión social es lo que en muchas ocasiones obliga a las autoridades a buscar chivos expiatorios, mientras que los verdaderos delincuentes quedan libres. Es tanto el peso de la opinión pública, que más veces de las que creemos, los noticieros nos presentan la captura de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, cuando todo es una vil y vulgar puesta en escena. Pero como ya salió en las noticias, nos quedamos tranquilos y olvidamos el tema.
No, la justicia penal no se trata de encontrar culpables, tampoco se trata de cuántas personas van a la cárcel ni de cuántos años permanecen ahí; la justicia penal se trata de castigar a los que hayan cometido delitos, sacándolos de la sociedad para que no sigan causando daño y, en un mundo ideal, rehabilitarlos para que dejen de delinquir y empiecen a ser productivos para la sociedad.
Es muy importante que entendamos y recordemos que enviar personas a prisión no significa que realmente se les esté castigando, mucho menos significa justicia. Es bien sabido que muchos grupos delictivos operan desde las cárceles mexicanas, así que es hora de cambiar un poco la mentalidad y empezar a ilustrarnos más sobre muchos temas, silenciando un poco la televisión y otros medios noticiosos, porque insisto, en el mejor de los casos no saben de lo que hablan, y en el peor, nos venden lo que a alguien le conviene que creamos.
Me alegra mucho que en esta ocasión la presión social haya tenido un impacto visible en las autoridades, porque espero que sea tan sólo el primer paso para seguir presionando de esa manera al gobierno y hacernos escuchar. Me alegra también que todo esto sea una muestra de apoyo a Daphne, que sólo eso puede hacer mucho más por ella, que saber que esos infelices están en prisión.
Pero la sociedad mexicana debe tener mucho cuidado en la manera de abordar ciertos temas, porque si más decisiones jurídicas se toman con base en la opinión de la mayoría y no con base en la opinión de los expertos, tendremos graves problemas, siendo el peor la politización de lo jurídico y legal. Y esto no nos conviene en un país donde la clase política no es de fiar.
Si el juez que concedió el amparo a este joven delincuente fue suspendido de su cargo, fue únicamente para silenciar las protestas y dejarnos contentos, ya que al gobierno no le conviene que un funcionario esté tan metido en escándalos de ese tipo. Y como bien quedó establecido en el comunicado del Consejo de la Judicatura, la concesión de ese amparo no es definitiva, sino que todavía se puede "apelar" en el recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito.
Por cierto, según el artículo 85 de la Ley de Amparo, en ciertas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede quitar de en medio al tribunal colegiado de circuito y ser ese mismo órgano el que estudie y decida en las revisiones de amparo. Habrá que ver qué tan comprometido está el Poder Judicial con el caso Daphne, como para que sea la misma Corte la que se encargue de ese asunto.
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