Justica, legalidad y la opinión pública (sobre la suspensión del juez que amparó al Porky)

El miércoles 29 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado, anunciando que el juez que concedió el amparo ordenando la libertad del ya famoso "Porky" sería sometido a un procedimiento de responsabilidades, para determinar si su actuación fue con apego a la ley o no. 

En lo personal, me parece una victoria parcial que el Consejo de la Judicatura haya tomado esa decisión. Es una victoria, ya que la indignación de la sociedad, expresada en la redes sociales y en diversos medios de comunicación, por fin tuvo un impacto en una decisión de un órgano de gobierno. 

Sin embargo, la considero parcial porque hubo mucha manipulación por parte de algunos periódicos y noticieros respecto del tema, como en el caso del periódico Reforma, que escribió en una publicación de su página de Facebook que el juez fue suspendido por "notoria ineptitud", cuando en el comunicado oficial del Consejo de la Judicatura no se lee tal expresión ni por error.

Además, el debate en torno al presunto caso de corrupción, se ha vuelto a desviar hacia el tema del feminismo y el machismo, leyéndose por doquier comentarios en los que se cuestiona si el juez hubiera procedido de la misma manera si una mujer de su familia hubiera sido la víctima, con respuestas en el tenor de que el honor de una familia no sólo está en las mujeres y que habría que preguntar si el juez hubiera procedido igual si eso le hubiera pasado a él.

Señores, lo que en este caso está en juego no es si el juez actuó con empatía o si concedió el amparo porque es hombre. En primer lugar, ningún juez de amparo debe mostrar empatía, ya que su labor es únicamente decidir sobre la correcta aplicación de la ley y las presuntas violaciones de derechos humanos y garantías individuales. En segundo lugar, es realmente cansino que de todo tema hagan una cuestión de género, habiendo tantos otros argumentos para desvirtuar cualquier decisión del juez.

Sin embargo, lo que está en juego en este caso, a mi parecer, son los conceptos de justicia y legalidad, que dicho sea de paso, no necesariamente están vinculados. Y es que el juez de amparo, reitero, únicamente revisa la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones de otras autoridades, no aplica justicia como tal y mucho menos es su labor inclinarse hacia una u otra de las partes por ser miembro de una comunidad protegida, para eso existen las leyes que él debe aplicar y punto.

Lamentablemente en la sociedad mexicana los gritos de corrupción y machismo han llegado a ensordecer a una parte importante de los mexicanos, haciendo que sean incapaces de analizar cualquier situación fuera de esos contextos. 

Sí, estoy consciente de que son muchas las violaciones y vejaciones de todo tipo que el género femenino ha sufrido durante siglos; sí, sé muy bien que la corrupción en este país es el motor del gobierno, pero no podemos seguir alimentando el amarillismo de los medios de comunicación, que como bien sabemos, son un negocio que se vende al mejor postor y no necesariamente informa, mucho menos con estricto apego a la verdad.

Por eso me parece muy importante distinguir los conceptos de justicia, de venganza, de legalidad, de deber y de opinión pública. Y es que la impartición de justicia, de forma muy genérica, tiene como fin restablecer el equilibrio que se ha perdido, mientras que la venganza únicamente busca infligir el mismo daño que se ha recibido. 

En este sentido, tal parece que muchos grupos feministas -que no los promujer-, buscan más venganza que justicia. Lo he dicho mil veces y lo repito una vez más: no es necesario que todos los hombres paguen por las vejaciones vividas durante siglos, no es necesario atacar a los hombres para enaltecernos las mujeres. Y si bien estoy consciente de que en el caso del Porky se trata de un delito y grave, son precisamente estos escándalos los que empiezan a crear una forma de pensamiento que la sociedad va adoptando poco a poco. 

Y aquí es donde es muy importante entender el concepto de legalidad y desligarlo del concepto de justicia, porque las leyes no siempre son justas y el equilibrio que busca la justicia, en casos como el de Daphne, jamás podrá ser alcanzado. ¿Cómo quitarle a esa chica la atrocidad de la que fue víctima, cómo quitarle el recuerdo? Lamentablemente, no hay nada que las leyes puedan hacer por ella en ese sentido, ya que por mucho que esos delincuentes vayan a la cárcel, nada le devolverá a Daphne esos minutos o esas horas de tortura que vivió a sus manos.

Sin embargo, las leyes tienen una finalidad, que tomándolas todas como un conjunto, puede decirse que buscan que los derechos de las personas sean respetados para que se pueda vivir y convivir de la mejor manera posible. Pero las leyes son hechas por los diputados y senadores, que no son más que simples humanos, y en el caso de México, en muchas ocasiones son evidentemente incultos.

Entonces, el deber de las autoridades judiciales es única y exclusivamente analizar situaciones que los particulares les presenten y aplicar las leyes que correspondan. No es el deber de las autoridades impartir justicia, eso es sólo una falacia que se escucha bien en los spots del gobierno y de los partidos políticos, al menos en el caso del sistema jurídico mexicano.

Así, gracias a la opinión pública, cuando un juez aplica la ley de una u otra manera, puede ser que haya sido justo o injusto, dependiendo de la percepción de las personas, cuando la realidad es que únicamente aplicó una ley que otros crearon. Si bien es cierto que los jueces pueden interpretar las leyes y así aplicarlas de una u otra manera, la realidad es que siempre están un tanto cuanto limitados por las leyes. 

Ahora bien, también gracias a la opinión pública, el deber de las autoridades policiacas y judiciales, es el de encerrar en la cárcel a todas las personas que hayan sido acusadas de cometer un delito; tal parece que la eficiencia del sistema penal mexicano se basa en cuántas personas son enviadas a prisión. Y eso, mis queridos lectores, también puede traer el riesgo de que se cometan muchas injusticias.

La presión social es lo que en muchas ocasiones obliga a las autoridades a buscar chivos expiatorios, mientras que los verdaderos delincuentes quedan libres. Es tanto el peso de la opinión pública, que más veces de las que creemos, los noticieros nos presentan la captura de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, cuando todo es una vil y vulgar puesta en escena. Pero como ya salió en las noticias, nos quedamos tranquilos y olvidamos el tema.

No, la justicia penal no se trata de encontrar culpables, tampoco se trata de cuántas personas van a la cárcel ni de cuántos años permanecen ahí; la justicia penal se trata de castigar a los que hayan cometido delitos, sacándolos de la sociedad para que no sigan causando daño y, en un mundo ideal, rehabilitarlos para que dejen de delinquir y empiecen a ser productivos para la sociedad.

Es muy importante que entendamos y recordemos que enviar personas a prisión no significa que realmente se les esté castigando, mucho menos significa justicia. Es bien sabido que muchos grupos delictivos operan desde las cárceles mexicanas, así que es hora de cambiar un poco la mentalidad y empezar a ilustrarnos más sobre muchos temas, silenciando un poco la televisión y otros medios noticiosos, porque insisto, en el mejor de los casos no saben de lo que hablan, y en el peor, nos venden lo que a alguien le conviene que creamos.

Me alegra mucho que en esta ocasión la presión social haya tenido un impacto visible en las autoridades, porque espero que sea tan sólo el primer paso para seguir presionando de esa manera al gobierno y hacernos escuchar. Me alegra también que todo esto sea una muestra de apoyo a Daphne, que sólo eso puede hacer mucho más por ella, que saber que esos infelices están en prisión.

Pero la sociedad mexicana debe tener mucho cuidado en la manera de abordar ciertos temas, porque si más decisiones jurídicas se toman con base en la opinión de la mayoría y no con base en la opinión de los expertos, tendremos graves problemas, siendo el peor la politización de lo jurídico y legal. Y esto no nos conviene en un país donde la clase política no es de fiar.

Si el juez que concedió el amparo a este joven delincuente fue suspendido de su cargo, fue únicamente para silenciar las protestas y dejarnos contentos, ya que al gobierno no le conviene que un funcionario esté tan metido en escándalos de ese tipo. Y como bien quedó establecido en el comunicado del Consejo de la Judicatura, la concesión de ese amparo no es definitiva, sino que todavía se puede "apelar" en el recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito. 

Por cierto, según el artículo 85 de la Ley de Amparo, en ciertas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede quitar de en medio al tribunal colegiado de circuito y ser ese mismo órgano el que estudie y decida en las revisiones de amparo. Habrá que ver qué tan comprometido está el Poder Judicial con el caso Daphne, como para que sea la misma Corte la que se encargue de ese asunto.

Un poco sobre principios de derecho penal (con motivo del amparo concedido al "Porky")

Con motivo del amparo concedido al ya famoso "Porky", han estallado voces de indignación en diversos medios de comunicación masiva. Y aunque en esta ocasión no tengo intención de pronunciarme sobre ese caso en particular, me parece que se puede aprovechar el suceso para hablar sobre el nulo conocimiento que tenemos los mexicanos en temas de derecho y la forma en la que los medios manipulan la información, exagerando algunas situaciones y minimizando otras.

En primer lugar, debo decir que me parece muy lamentable que el sistema educativo mexicano no incluya instrucción académica alguna en temas tan relevantes como derecho penal y derecho laboral, porque son aspectos fundamentales de la vida de todo ser humano, donde se afectan derechos de los más importantes. Por ello, considero que es de vital importancia que esos temas se aborden en las escuelas con la profundidad necesaria para ser perfectamente comprendidas en la adolescencia.

Sin embargo, lo que he aprendido en mi experiencia profesional, es que las mismas autoridades encargadas de aplicar la ley, en muchas ocasiones desconocen aspectos cruciales del marco jurídico que tienen que aplicar y precisamente por eso cometen errores que pueden ser sumamente perjudiciales, como en el caso del "Porky", a quien se le otorgó un amparo que dicen que se logró por la corrupción predominante en México, pero que al leer la sentencia de maner amuy superficial y con conocimientos de derecho, me parece que ni siquiera era necesario sobornar al juez porque el Ministerio Público había cometido muchas fallas y por lo que yo, en lo personal, considero falta de apoyo de los testigos hacia la víctima.

Y es que en cuestiones de derecho penal, existen muchos principios que se deben tomar en cuenta a la hora de emitir una sentencia; principios que guían el proceso penal para evitar caer en injusticias, puesto que la ley penal castiga conductas consideradas como graves e impone sanciones que en teoría deberían ser tan fuertes como el delito cometido. Por ello, el derecho penal exige una regulación meticulosa y estricta, ya que puede privar de la libertad a una persona y tiene como objetivo hacer justicia a la víctima.

En este sentido, los principios de presunción de inocencia y de tipicidad son de lo más relevante. Como su nombre lo deja en claro, el principio de presunción de inocencia implica que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo que a su vez significa que es imperativo que se demuestre fehacientemente que la persona presuntamente culpable en efecto cometió el delito. Y ahí es donde las pruebas adquieren toda la importancia que muchas veces se nos escapa, porque en materia penal las pruebas deben ser tan contundentes, que no quede espacio para la duda más pequeña.

Pero más allá de eso, el principio de tipicidad exige que la conducta del presunto culpable sea exactamente igual a la que se describe en la ley penal. Exactamente igual. Nada de que se parece, nada de que le falta sólo un punto. Tiene que ser hecha a la medida. Pongamos un ejemplo que me parece muy interesante y que hasta la fecha se sigue aplicando mal:

El delito de feminicidio establece que se entiende como tal, privar de la vida a una persona del sexo femenino por causas de género, mientras que el delito de homicidio establece la simple privación de la vida a una persona. Entonces, si una mujer fallece a causa de un accidente automovilístico, aunque el conductor del vehículo que la privó de la vida haya manejado en estado de ebriedad, estamos ante un homicidio, no ante un feminicidio. Y es que el factor determinante en ese caso es el estado de ebriedad, no una cuestión de género, como el machismo o el acoso.

Cosa muy diferente cuando existen múltiples denuncias de acoso o de violencia intrafamiliar, en la que la mujer es víctima del abuso de su cónyuge o pareja, quien al cabo del tiempo termina privándola de la vida a golpes. Eso sí es feminicidio, sobre todo si la mujer fue sometida a quedarse en casa realizando labores inhumanas y privada del contacto con el exterior, porque "ése es su rol".

Entonces, mientras que no se compruebe indubitablemente que el agresor realizó los hechos de tal forma que cumplan estrictamente con lo descrito en la ley penal, éste será inocente. Y en muchas ocasiones el Ministerio Público no realiza las diligencias necesarias para comprobar la comisión del delito, mientras que en otras ocasiones procede a acusar de un delito que no se encuadra a la perfección en la conducta del agresor. A veces es por simple ignorancia y holgazanería; otras veces es, sí, por corrupción.

Hace algún tiempo tuve que levantar una denuncia ante el Ministerio Público por falsedad de declaraciones, ya que unas personas habían declarado hechos falsos ante una autoridad administrativa, en este caso, ante la oficina de prevención del delito de la delegación. En la agencia del Ministerio Público no quisieron tomar la declaración, porque según ellos, el Código Penal sólo habla de declaraciones falsas ante autoridades judiciales, es decir, ante jueces. Y hace muchos años era así, sin embargo, eso ya cambió y en las reformas se incluyen las declaraciones falsas ante autoridades administrativas y el Ministerio Público. Afortunadamente conozco el marco legal y pude obligarlos a revisar el Código hasta que se dieron cuenta de que estaban en un error.

Quizá simplemente no están actualizados, o tan sólo les dio pereza realizar las investigaciones necesarias y pensaron que podrían engañarme como a tantas otras personas. Pero el punto es que las autoridades no tienen la capacitación necesaria para realizar sus funciones de forma óptima y la mayoría de los ciudadanos no tienen los conocimientos necesarios para hacer valer sus derechos, insisto, porque en la escuela no nos enseñan cómo defenderlos.

Y es que, si el Ministerio Público comete un pequeño error y no se ajusta por completo a las leyes penales, sucede lo que que pasó en el caso del famoso "Porky"; uno puede interponer una demanda de amparo, donde se alega que no se cumplió con todas las reglas de la ley penal, mismas que están en relación con las garantías y derechos humanos del inculpado, es decir, del presunto agresor, y seguramente se conseguirá el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Es por todo esto, que quiero invitarlos a no dejarse llevar por todo lo que lean en los periódicos o en internet, ya que los encargados de dar las noticias, muchas veces no tienen esos conocimientos y con tal de vender un escándalo, exageran las situaciones y enarbolan de inmediato la bandera de la injusticia y la corrupción. Como una persona que estudió tres semestres de comunicaciones y que decidió cambiarse a la licenciatura en derecho, les puedo asegurar que la mayoría de los planes de estudio de comunicaciones no dan las bases suficientes para hablar de temas donde la ley juega un papel muy importante. Y ésa fue la razón por la que decidí cambiar de carrera.

También quiero invitarlos a que sean autodidactas en temas de derechos humanos, derecho penal y derecho laboral. Las leyes en estas materias están redactadas de una forma bastante sencilla para que cualquiera pueda entenderlas y están disponibles en la página de internet de la Cámara de Diputados o de la Asamblea Legislativa de su localidad, desde las garantías individuales en la Constitución, que son los derechos humanos, hasta la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal Federal. Aquí quiero recordarles que hay delitos que son de competencia federal y otros de competencia local, por lo que es necesario que revisen las páginas de las Asambleas Legislativas de su entidad federativa. Adermás, siempre es necesario revisar también los códigos de procedimientos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien por estos pequeños detalles siempre es necesaria la asesoría de un abogado, es muy importante que ustedes se comprometan con ustedes mismos y conozcan sus derechos y obligaciones para que nadie pueda engañarlos.

Los "dreamers" y la pesadilla de los jóvenes mexicanos

 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-02-06/los-dreamers-se-organizan-ante-la-amenaza-de-deportacion/

Desde el triunfo de Donald Trump, el gobierno mexicano ha centrado su atención principalmente en la estabilización de la economía mexicana y en el conflicto que provocará la deportación de los mexicanos que ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos. Aunque todas estas medidas parecen adecuadas a simple vista, hay un par de factores que pueden pasar desapercibidos a quienes no analicen a fondo las acciones del gobierno mexicano.

Respecto de la estabilización de la economía mexicana, debemos recordar que en términos de economía existen dos rubros: la macroeconomía y la microeconomía. En términos muy simplistas, la primera se refiere a la economía de un país a grande escala, es decir, se refiere a la riqueza del país en relación con la de otros países. Y la microeconomía, a grandes rasgos, se relaciona con la riqueza de los individuos de ese país. A pesar de que ambas se encuentran estrechamente relacionadas, en ocasiones se puede sacrificar una, para aumentar la otra.

En el caso de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano, al enfocarse principalmente en la estabilización del peso frente al dolar, han afectado gravemente el bolsillo de los que vivimos en México, es decir, se han centrado tanto en la macroeconomía, que han descuidado la microeconomía. Obviamente, esto significa que los precios de muchos productos y servicios han aumentado lo suficiente para no ser costeables por ciertos sectores de la población. Y evidentemente, esto es un error de cierta gravedad, porque la estabilización del peso frente al dolar no necesariamente implica que los precios vayan a bajar nuevamente.

Sin embargo, lo que más preocupa y enoja a cierto sector de la población es la atención desmedida que se le está dando a los "dreamers"; aquellos jóvenes mexicanos de nacimiento, que emigraron hacia Estados Unidos desde muy pequeños con sus padres, persiguiendo el "sueño americano". 

No hay medio informativo que no dedique un espacio considerable a las historias de los dreamers, ya sea por las vejaciones que sufren a manos de la policía estadounidense, o bien para mostrarnos las mil y un virtudes de estos jóvenes que tienen un marcado acento y que uno no identificaría fácilmente como mexicanos.

El gobierno se enorgullece de estar ideando e incluso legislando para implementar planes de apoyo para los dreamers, los cuales van desde becas en universidades públicas e incluso privadas de alto prestigio, hasta la creación de empleos específicamente para estos jóvenes que, sinceramente, ni son mexicanos ni son estadounidenses.

Evidentemente, entre algunos jóvenes mexicanos que residen en el país, se ha empezado a despertar una ola de inconformidad y enojo con el gobierno, porque es bien sabido que la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos es alta; las oportunidades de empleo son escasas y poco convenientes, porque los empleadores exigen experiencia comprobable que muchos jóvenes recién egresados de la universidad obviamente no tienen, a cambio de salarios completamente desproporcionados en relación con las exigencias del empleador. 

Pero más allá, existen muchos jóvenes mexicanos que, debido al pésimo sistema educativo de nuestro país y a la poca capacidad de las universidades públicas mexicanas, no alcanzan un lugar dentro de estos centros de educación profesional, mientras que las universidades privadas son incosteables para muchas familias mexicanas que se ven obligadas a enviar a sus hijos a trabajar desde muy jóvenes para ayudar con los gastos familiares.

Ni qué decir de las comunidades rurales, donde los centros de educación básica se encuentran en condiciones deplorables, carentes de presupuesto y de recursos idóneos para preparar jóvenes listos para ingresar a la educación superior o para incorporarse a la clase trabajadora. En resumen: las oportunidades de los jóvenes mexicanos que residen y siempre han permanecido en el país, son muy limitadas.

 http://www.animalpolitico.com/2011/11/contrastantes-niveles-de-escolaridad-en-el-pais-inegi/

Y aún así, el gobierno mexicano está favoreciendo e incluso privilegiando a los dreamers; a esos jóvenes que prefirieron escapar del país y entregar sus capacidades y sus dones a una nación que hoy les da la espalda. Quizá muchos de esos jóvenes ni siquiera tuvieron la posibilidad de escoger, sino que fueron desarraigados de su nación por las decisiones de sus padres, pero la realidad es que no hay razón alguna para darles los privilegios que se pretende otorgarles, no a costa de quitárselos a los mexicanos que residen en el país y que se enfrentan a múltiples obstáculos para abrirse paso por la vida, gracias a un gobierno que se ha olvidado de ellos.

Hay quien dice que le debemos a los dreamers todas estas oportunidades, que el gobierno sólo les está compensando la negligencia que los llevó a migrar hacia el vecino del norte. Sin embargo, hay millones de niños y jóvenes mexicanos a los que se está dejando en el olvido por reparar el supuesto daño a los dreamers. ¿Cuándo les compensarán a ellos la negligencia, la falta de apoyo, la discriminación?

En este mismo sentido, no hay que olvidar que, independientemente de las razones por las cuales muchas familias mexicanas deciden migrar hacia Estados Unidos de forma ilegal, hay leyes en materia de migración que esas familias no respetaron y que eso es precisamente lo que los pone en peligro de ser deportados. Tampoco hay que olvidar que muchos delincuentes migran ilegalmente hacia el país del norte, escapando de la justicia mexicana o para dirigir desde allá sus negocios delictivos.

Me parece injusto y a la vez contraproducente, implementar programas de apoyo para los migrantes que sean regresados a México desde Estados Unidos, porque al favorecerlos de esta manera, el gobierno mexicano está enviando el mensaje de que no importa que no se respeten las leyes migratorias; es más, es necesario actuar de manera completamente ilegal para que el gobierno nos apoye. 

Desde mi personal punto de vista, el gobierno de Trump tiene todo el derecho de permitir la permanencia en su país a quien crea conveniente y expulsar a quien no haya cumplido con las leyes, ya sean las leyes penales o incluso las de migración. Si cualquier persona rompe las leyes, debe merecer un castigo de acuerdo con la infracción, evidentemente dentro del marco de los derechos humanos, los que deben ser respetados en todo país que haya firmado cualquier ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos.

Pero el respeto hacia los derechos básicos de toda persona no implica la obligación de permitir que los dreamers y sus familias permanezcan en Estados Unidos cuando ingresaron a ese país de manera ilegal, como tampoco significa que en México se les reciba con oportunidades que también merecen muchos mexicanos que han permanecido toda su vida en el país.

A mi juicio, los programas de reintegración de los dreamers a la sociedad mexicana deberían basarse en el mérito. Debería hacerse una selección minuciosa de quiénes sí merecen la oportunidad de obtener becas en las escuelas y universidades de mayor prestigio y de quiénes sí son aptos para ingresar a la vida laboral con oportunidades que le son negadas a muchos otros mexicanos. No todos los dreamers son admirables, como tampoco todos son delincuentes.

Y ya que el gobierno mexicano está tratando de compensar a los dreamers por haberlos "orillado" a escapar de este país por la falta de oportunidades, la mitad de las becas y empleos destinados a los dreamers, debería ser facilitada para jóvenes de poblaciones indígenas, también con un proceso de selección basado en el mérito. No hay que ser faroles de la calle, manteniendo la penumbra en casa.

Si ustedes creen que los dreamers merecen ayuda y quieren ayudarlos, eso es perfecto. Pero lo que defnitivamente no es correcto, es demandar apoyo de toda la población mexicana ni señalar a quienes no consideren que estos jóvenes merecen tantos privilegios. Al final, cada quien debe luchar por lo que considera justo y hacer equipo con los que piensen de la misma forma, respetando a quienes decidan enfocar su energía en apoyar a una causa diversa. Porque definitivamente no es un deber de la sociedad civil, ni siquiera del gobierno, favorecer tan desproporcionadamente a jóvenes que violaron las leyes de migración y que únicamente vuelven a este país forzados por el gobierno de la nación en la que en verdad quieren estar.